En el escrito de ampliación de querella registrado
hoy en la Audiencia Nacional se vincula también a 9 supuestos delitos al
que fuera gerente del PP en Galicia, Ángel Piñeiro, y a otros 15
empresarios que figuran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes del
partido de Mariano Rajoy
Izquierda Unida, junto a
las cuatro asociaciones con las que presentó el pasado 28 de febrero una
querella criminal contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta, varios dirigentes de este partido y diversos empresarios que
les entregaron donaciones, ha dirigido hoy al Juzgado Central de
Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional un escrito de ampliación de
querella. En el mismo, además de atribuir la “probable y posible
comisión” de un delito contable a los anteriores querellados e imputados
en la pieza separada que ya se investiga, amplia la petición de
actuación judicial a los ex secretarios generales y ex ministros del PP
Francisco Álvarez-Cascos Fernández y Ángel Acebes Paniagua, además de a
15 empresarios y un dirigente político que no estaban incluidos en la
querella original.
A Álvarez-Cascos -tesorero en funciones del PP
entre 1990 y 1993 y secretario general entre enero de 1989 y enero de
1999, además de los cargos que ocupó en diversos gobiernos de José María
Aznar entre 1996 y 2004- y a Acebes –secretario general adjunto del PP
en 2003 y secretario general entre octubre de 2004 y junio de 2008,
junto a sus puestos en el distintos ejecutivos de esta formación también
hasta 2004- se les atribuye la posible comisión de 12 delitos:
contable, asociación ilícita, alteración de precio en concursos y
subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho,
prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda
Pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad de fondos
electorales y apropiación indebida de fondos electorales.
Del
mismo modo, se señala la probable comisión de 9 delitos –contable,
asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas
públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de
influencias, delitos contra la Hacienda Pública, fraude y exacciones
ilegales y encubrimiento- a 15 empresarios y un dirigente político. Se
trata de Ángel Piñeiro, gerente del Partido Popular de Galicia entre
1990 y 1996; Ignacio López del Hierro, directivo de Construcciones y
Gestiones de Servicios S.A. (CGS), apoderado de Constructora Continental
S.A y consejero ejecutivo de Metrovacesa, entre otros cargos; Rafael
Palencia, presidente de Degremont Iberia; José Luis Rodríguez Moreno,
más conocido como José Luis Moreno, empresario de comunicación
audiovisual; Lucio Moreno de Guerra, director general corporativo de
Applus Servicios Tecnológicos, del grupo de Aguas de Barcelona (Agbar);
Cecilio Sánchez Martín, quien fuera Director Comercial de la Zona Este
del departamento de Gestión de Aguas de la mercantil Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC); Camilo José Alcalá Sánchez.,
presidente-consejero delegado de CYOPSA-SISOCIA S.A.; José Antonio
Romero Polo, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; José Luis
Suárez, presidente de Construcciones Parraño S.A. (COPASA), después
denominada “S.A. de Obras y Servicios COPASA; Vicente Cotino Escrivá,
administrador único de ASEDES CAPITAL S.A., empresa matriz de SEDESA y
de SEDESA INVERSIONES y SEDESA OBRAS y SERVICIOS; Joaquín Molpeceres
Sánchez, del Grupo LICUAS S.A.; Antonio Pinal Gil, presidente-consejero
delegado de grupo empresas Bruesa Construcción S.A.; Ignacio Ugarteche
González de Langaríca, consejero de Urazca Construcciones desde agosto
2003 y consejero delegado desde septiembre 2005; Ramón Aigé Sánchez,
presidente de SORIGUE-ACSA Conservación de Infraestructuras S.A.; Pilar
Pulido Sánchez, directiva de Ads Brokers, y Ángel Salado, Administrador
de Bio Combustibles y Energías Renovables de Castilla-La Mancha S.L.
Izquierda
Unida, junto a la Asociación Justicia y Libertad, Asociación Libre de
Abogados (ALA), Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes, piden que
esta ampliación de querella se incorpore a la pieza separa ‘Informe
UDEF-BLA Nº 22.510/13 obrante en las diligencias previas 275/2008.
Los
querellantes alegan que “los hechos denunciados -pagos y cobros
ilícitos que figuran en los documentos denominados ‘papeles de
Bárcenas’-, de confirmarse su veracidad, serian constitutivos, al igual
que ocurre respecto a los ya investigados en esta causa, de delitos que
habrían supuesto graves defraudaciones y maquinaciones para alterar
precios, con grave repercusión para el tráfico mercantil, en la economía
nacional, habiendo podido causar un perjuicio patrimonial a una
pluralidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, y
también habiendo podido incidir en la toma de decisiones en materia de
política económica”.
En el texto de la ampliación de querella se
indica que “la totalidad de las personas imputadas en estas actuaciones
han sido administradoras de hecho o de derecho de distintas personas
jurídicas, ya fueren sociedades mercantiles o un partido político, el
Partido Popular (PP). Todos ellos han venido falseando las cuentas
anuales de las entidades que administraban, ya fuere con el fin de
ocultar en la contabilidad de las empresas el dinero con el cual se
efectuaban pagos irregulares, ‘dinero negro’, al tesorero y al gerente
del Partido Popular, o ya fuese, en el caso de estos últimos, con el fin
de ocultar el dinero entregado por los empresarios y recibido a través
suyo por el Partido Popular”.
“Este dinero –continúa- ha sido
posteriormente aplicado por los administradores del Partido Popular al
pago de forma irregular de cantidades económicas diversas y la mayoría
de las veces de forma constante, a dirigentes del PP y a altos cargos de
la administración del Estado, algunos incluso revestidos con el cargo
de ministros. Los pagos efectuados por los imputados Bárcenas y Lapuerta
a los dirigentes del Partido Popular, al igual que los aplicados en
pagos opacos a proveedores, han sido omitidos de la contabilidad oficial
del Partido Popular, por lo que también en este supuestos se habría
falseado la contabilidad de dicho partido”.
Los querellantes
consideran que “también ha afectado a intereses generales, a la vista de
que dicho ‘dinero negro’ ha sido aplicado a gasto electoral de forma
irregular, habiendo incluso ganado dos elecciones general el Partido
Popular (años 1996 y 2000) utilizando estos fondos ilícitamente
recaudados”.
En relación a Álvarez Cascos el texto recuerda
distintos apuntes recogidos en los ‘papeles de Bárcenas’ sobre su
actuación, para resumir que el total que habría percibido según los
apuntes contables del ex tesorero ahora en prisión asciende a 600.000
euros, mientras que el “total entregado” por el ex dirigente asturiano
del PP al también ex tesorero Álvaro Lapuerta suma 47 millones de
pesetas, equivalente a 282.475,69 euros.
En la declaración ante
el juez del pasado 15 de julio, Bárcenas relató que el ahora querellado
Álvarez-Cascos, además de percibir los pagos irregulares indicados,
también ‘recaudaba’ dinero entre empresarios ‘donantes’, dinero que
posteriormente entregaba a Álvaro Lapuerta para que éste lo aplicara a
la realización de los pagos ilícitos a dirigentes o proveedores del
Partido Popular.
El propio Francisco Álvarez-Cascos reconoció en
su declaración testifical del 13 de agosto que ocupó interinamente la
Tesorería del Partido Popular entre los años 1990 y 1993, coincidiendo
con el periodo trascurrido entre el cese del tesorero Ángel Naseiro y el
nombramiento del ahora imputado Álvaro Lapuerta como tesorero. En dicho
periodo, es decir, ocupándose de las funciones de tesorería
Álvarez-Cascos, se recogen en los ‘Papeles de Bárcenas’ ingresos en
dinero opaco por 144 millones de pesetas aproximadamente, habiéndose
gastado, salidas, de forma irregular y también opaca a la Hacienda
Pública aproximadamente la misma cantidad.
La ampliación de
querella recoge también abundantes datos sobre los cuatro años
(2000-2004) durante los que el político asturiano fue ministro de
Fomento. En ese periodo aparecen reflejados pagos al PP que “habrían
sido hechos por directivos de grandes empresas de infraestructuras y
construcción que eran contratistas de la Administración en ese periodo,
especialmente del Ministerio de Fomento”.
Respecto a Ángel
Acebes, se señala que en los ‘papeles de Bárcenas’ se incluye que “al
menos desde 2004 percibió en provecho propio dadivas por 107.100 euros,
pagados por persona interpuesta, procedentes de pagos efectuados por
empresas privadas”.
“Igualmente –prosigue la querella-, durante
el mandato del ahora querellado como secretario general del Partido
Popular -15 de octubre de 2004 al 21 de junio de 2008-, en los
denominados ‘papeles de Bárcenas’ aparecen reflejados ingresos
presuntamente ilícitos por importe de 2.352.500 euros, así como pagos
efectuados por el PP con dichos ingresos por importe de 2.328.192 euros
(…) El ahora querellado habría tenido participación directa en la
realización de la anterior recaudación y en la aprobación de los
anteriores pagos efectuados por el PP con dinero ilícitamente obtenido”.
A
juicio de esta acusación popular, Acebes “participó activamente, en su
calidad de secretario general del PP entre el 15 de octubre de 2004 y el
21 de junio de 2008, en el sistema de financiación que de forma
irregular organizó y mantuvo esos años el Partido Popular, habiéndose
beneficiado directa y personalmente del mismo al haber percibido al
menos 107.100 euros procedentes de dicho sistema de financiación
irregular”.
En la parte de la ampliación de la querella
correspondiente a la ‘Relación circunstancia de los hechos’ se señala
que “conforme al contenido de los documentos contables denominados
‘papeles de Bárcenas’, el dinero de origen ilícito percibido por el
Partido Popular ascendería a un importe de 6.687.344 euros, habiéndose
efectuado por los ya imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, pagos de
dádivas a dirigentes del Partido Popular y altos cargos de la
Administración, incluidos ministros, por valor de 6.550.411 euros,
pagos efectuados directamente a las personas indicadas en los ‘Papeles
de Bárcenas’ -en forma opaca a la Hacienda Pública- o bien a otros
miembros del Partido Popular o proveedores de esta formación política
previo ingresos, en forma troceada, de las cantidades recaudadas
ilícitamente en las cuentas corrientes abiertas por el Partido Popular
en el Banco de Vitoria y después en Banesto para el ingreso de
donaciones, efectuándose estos traspasos de recursos de la contabilidad B
a la contabilidad oficial del PP, mediante ingresos efectuados en
efectivo por personal del PP en la caja del banco, en concepto de
donativos ‘anónimos’”.
“Los pagos efectuados al Partido Popular
por los ahora querellados, que habrían sido efectuados en nombre de las
personas o sociedades mercantiles que constan en dicha documentación
contable (…) suman un importe total de 3.319.883,58 euros”, se indica
también.
La ampliación de querella concluye con una detallada
tipificación de los hechos delictivos en el apartado de fundamentos de
derecho.
